(Desde La Paz. Página 12)
La crisis originada en el gobierno de Evo Morales a raíz de la represión de la Octava Marcha Indígena no cesa. Ayer, la Central Obrera Boliviana (COB) advirtió con sumarse a la movilización de los indígenas, quienes se reagrupan en la localidad beniana de San Borja luego de la violencia sufrida por la Policía el domingo pasado y por la cual todavía hay marchistas desaparecidos. El apoyo mayoritario de la población a los agredidos les dio fortaleza y anunciaron que dialogarán con los habitantes del Palacio Quemado cuando lleguen a esta ciudad. "Vamos a retomar nuestra marcha y solamente en La Paz vamos a aceptar el diálogo”, dijo el mojeño Fernando Vargas Mosúa, vocero de los indígenas, un poco recuperado de los palazos que le dieron los policías cuando ya lo habían dejado en el suelo, como consignan las imágenes de medios televisivos.
Una segunda marcha indígena se dirige hacia esta ciudad proveniente de Oruro, encabezada por el Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu (CONAMAQ), que reúne a los pueblos Quechua y Aymara. Esta organización también tiene marchistas (y desaparecidos) en la columna original de la movilización, que actualmente se recupera en San Borja.
Para más sufrimiento del gobierno nacional, los policías que participaron del operativo represor empezaron a hablar subrepticiamente con los medios y sostienen que la orden de apalear a los indígenas vino directamente del Poder Ejecutivo, tal como establece la Constitución. Sin embargo, dentro del gabinete de Morales aún se busca al responsable del accionar policial, que dejó al primer presidente indígena en un descrédito inédito ante la población.
Ayer, la ciudad de La Paz quedó paralizada por la marcha de obreros, indígenas, vecinos de El Alto, estudiantes, chicos de clase media medio hippies, incluso un grupo de religiosos Hare Krishna (indudablemente los más fashion de la protesta). Más de 50 mil personas inundaron las calles con estribillos dedicados a Morales y sus funcionarios. Algunos llevaban banderas bolivianas con pedazos de bolsas negras a modo de crespón, por los muertos de la octava marcha denunciados por los indígenas, que aún no reconoció el gobierno. Miriam Yubanore, vicepresidenta de la Central de los Pueblos Étnicos Mojeños de Beni (CPEMB), aseguró que en el campamento donde fueron reprimidos quedaron una mujer y dos bebés muertos. Afirmó, en consonancia con otros indígenas, que la Policía hizo desaparecer a estos cuerpos. La dirigenta aún está cubierta de moretones y le duele la boca por la cinta de embalar con la que la callaron los uniformados el domingo pasado.
“Si este es el cambio/ el cambio es una mierda”, coreaban miles de manifestantes ayer. Entre ellos ondeaban varias banderas blancas a las que habían pintado un Patujú, flor símbolo de la marcha indígena que partió el 15 de agosto pasado de la ciudad de Trinidad, en Beni.
La finalidad de la marcha de ayer era entrar a la plaza Murillo (el correlato local de la Plaza de Mayo), pero las calles de acceso estaban cerradas por cadenas, vallas, varias capas de policías con escudos y motos. “A la Policía le quedan dos caminos/ unirse a su pueblo o ser sus asesinos”, les cantaban los manifestantes. Los uniformados se mantuvieron inmóviles y crispados, hasta que un grupo de jóvenes intentó rebasarlos. Entonces hicieron gala de sus escudos y gases.
Muy disciplinado marchaba un grupo de mineros, con sus cascos relucientes. Cada tanto se quedaban parados y se tapaban los oídos. Lo mejor era imitarlos, antes de que el estallido de las dinamitas sacudiera los cabellos.
Al frente de la columna bajada de El Alto iba Pedro Montes, secretario ejecutivo de la COB. “Estamos con toda la bronca y toda la rabia de los trabajadores. Esta es la respuesta del pueblo ante el atropello criminal que se ha hecho contra los hermanos indígenas. Esto se paga con cárcel y los delincuentes responsables deben estar detrás de las rejas”, dijo Montes a este diario.
“Decimos a los compañeros marchistas que no están solos. La COB, las organizaciones populares y cívicas estamos con ustedes. Si tenemos que marchar con ustedes vamos a hacerlo. Y si el gobierno no obedece al pueblo boliviano, vamos a salir a ganar las calles”, dijo Montes en la plaza San Francisco, al final de la movilización. Este viernes la central obrera definirá si envía una delegación a sumarse a los marchistas en San Borja.
El domingo, cien indígenas del CONAMAQ irán a reforzar la octava marcha, golpeada y con desaparecidos, pero decidida a llegar a La Paz. Esta organización nacional y la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), que representan a los 36 pueblos originarios del país, empezaron la marcha indígena. Tienen un pliego de 16 demandas para el Presidente. En la primera exigen que no pase una carretera por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), como la quiere construir el gobierno. Aunque Morales dijo el lunes que estas obras quedaban suspendidas momentáneamente, los indígenas reclaman que la suspensión del proyecto carretero sea definitiva.
El CONAMAQ también comenzó una segunda marcha para apoyar a la que fue reprimida el domingo último en Yucumo, Beni, a 350 kilómetros de La Paz. Esta nueva columna salió de Oruro y actualmente se encuentra en Panduro, a 300 kilómetros de esta ciudad.
Según la Red Erbol, existe mucho desagrado entre los policías que agredieron brutalmente (o policialmente) a los indígenas, porque el gobierno nacional afirmó que iba a castigarlos por los excesos evidenciados.
Hasta el momento, por la represión a la octava marcha dejaron su cargo tres ministros: la de Defensa, Cecilia Chacón; el de Gobierno, Sacha Llorenti; y el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, además de varios funcionarios de segunda línea. Los indígenas también exigen las renuncias de los ministros de la Presidencia, Carlos Romero; el de Obras Públicas, Walter Delgadillo; y del canciller, David Choquehuanca. Sin embargo, todavía nadie del gobierno nacional reconoció haber dado la orden de deshacer la marcha en la que había mil originarios, cien de los cuales todavía no aparecen.
“La madrugada del 24 de septiembre llegó a Yucumo el (ahora ex) viceministro Farfán con la orden de realizar el operativo. A éste le había ordenado el (ex) ministro de Gobierno (Llorenti), y a él ya sabemos quién”, dijo a Erbol un policía que golpeó a los indígenas y ahora se siente “abandonado” por sus superiores.
Por Sebastián Ochoa
