(Desde La Paz. Página 12) Luego de la represión policial que desbarató la Octava Marcha Indígena el pasado domingo, el presidente Evo Morales anunció la suspensión de la construcción de la carretera que atravesaría un territorio indígena –y originó esta movilización- hasta que la población decida si la quiere o no. Aseguró que "lamenta y repudia los excesos cometidos en la marcha" por los uniformados. Este lunes fue uno de los días más complicados para el aymara desde que asumió en 2006, porque luego de la intervención de las fuerzas del orden, decenas de poblaciones de todo el país reaccionaron con cortes de ruta, paros indefinidos, huelgas de hambre y vigilias para apoyar a los marchistas y exigir la renuncia de Morales. El conflicto generó una crisis dentro de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS). Ayer renunció la ministra de Defensa, Cecilia Chacón, y cinco legisladores oficialistas declararon que lo dejan.
Ayer por la mañana, 285 marchistas que habían sido detenidos el domingo y que estaban por mandar a La Paz en un avión Hércules fueron liberados por la población de Rurrenabaque, en el departamento de Beni. En la localidad beniana de San Borja, a 40 kilómetros de donde los indígenas fueron “evacuados” –según el argot del Ministerio de Gobierno- los indígenas se reagrupaban para continuar la marcha hacia esta ciudad, para reclamar al presidente respeto a sus derechos y a la Constitución. Pero el anuncio del Morales les hará replantear los pasos a seguir.
A pesar de que el trabajo de la prensa fue restringido por la policía, algunas cámaras pudieron captar el domingo imágenes de los indígenas en el suelo, apaleados por los oficiales antimotines, a otros maniatados, hasta con cinta de embalar atravesada en sus bocas. Muchos marchistas huyeron a la selva y todavía se mantienen escondidos. Hay decenas de indígenas heridos, con las cabezas partidas por los palazos de los uniformados. Hasta la mañana de ayer, los indígenas intentaban encontrar a varios niños perdidos, que fueron separados de sus familias en el auge de la violencia estatal, cuyos efectivos usaron balas de goma, además de palos.
"Se produjo violencia y abusos hacia los hermanos indígenas que estaban en la marcha", reconoció el presidente anoche en conferencia de prensa.
Ayer por la mañana había sido otro el discurso. "Se ha procedido a evacuar a los marchistas para garantizar su seguridad física”, fueron las palabras elegidas por el ministro de Gobierno (Interior), Sacha Llorenti. Sostuvo que no hubo ningún muerto, mientras los indígenas y la Iglesia boliviana afirmaban que había muerto un bebé de tres meses por la inhalación de los gases.
"Viendo algunos informes, dijeron que murió un bebé en la violencia. Hasta ahora, con las informaciones recabadas en la investigación, no se supo de ese hecho. Espero que no haya pasado ese exceso", dijo anoche el aymara.
Desde hace semanas, 500 policías se encuentran en la carretera La Paz-Trinidad, a la altura de Yucumo, para evitar que los indígenas puedan continuar su caminata. Fueron enviados allí porque en Yucumo (a cinco kilómetros de donde estaba la marcha) había un bloqueo de 20 campesinos afiliados a la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), quienes aseguraban -también- que no iban a permitir el paso de la marcha, porque en el pliego de 16 demandas los indígenas había cinco puntos que les afectaba, decían. Según los uniformados, estaban ahí para evitar que hubiera enfrentamientos. El domingo la policía levantó el bloqueo de los campesinos, aunque con menos violencia que la implementada contra los indígenas.
Una foto fue tomada al Blackberry del ministro de Obras Públicas, Walter Delgadillo, mientras chateaba durante una de las negociaciones que hubo con los marchistas en San Borja, a principios de septiembre. El ministro escribió –la imagen no está trucada- a un colaborador (Joaquín) que “el pliego de la marcha afecta a los de Yucumo; esto se tiene que publicitar”. Delgadillo anunció días atrás que iniciaría un juicio a Erbol, uno de los medios que difundió la foto, aunque no explicitó por qué delito.
El domingo, luego de 40 minutos de violencia, los policías subieron a 285 indígenas a cuatro micros para trasladarlos a San Borja y de allí a La Paz. Pero la población de San Borja, que apoya a los marchistas, les cortó el camino. Entonces los buses y camionetas con los detenidos volvieron hacia Yucumo y siguieron hasta Rurrenabaque. Allí, indígenas del pueblo Tacana y gente del lugar ocuparon la pista de aterrizaje y forzaron a los policías a liberar a los indígenas, muchos de los cuales estaban heridos, como Fernando Vargas Mosúa, vocero de la marcha y presidente de la Subcentral de Comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Entre los detenidos estaban los diputados indígenas Pedro Nuni y Bienvenido Zacu. Ayer, los liberados evaluaban cómo regresar a San Borja (a 350 kilómetros de La Paz) para reunirse con el resto de la marcha, pero existía el temor de que nuevamente quisieran detenerlos.
"Asumo esta decisión porque no comparto la medida de intervención de la marcha que ha asumido el Gobierno y no puedo defender o justificar la misma, en tanto existan otras alternativas en el marco del diálogo, el respeto a los Derechos Humanos, la no violencia y la defensa de la Madre Tierra", dijo la exministra Chacón en su carta de despedida.
"Las medidas asumidas, lejos de aislar a la derecha, fortalecen su accionar y manipulación dentro de la octava marcha con el fin de atacar el proceso de cambio que tanto ha costado a los bolivianos ¡No así! Acordamos con el pueblo hacer las cosas de otra manera”, agregó Chacón. Desde el inicio de la marcha, el gobierno nacional acusa a los indígenas de estar financiados por grupos “de la derecha”, aunque nunca presentó pruebas.
“Creo que esa mujer es valerosa, heroica, porque ha dicho que no pueden avasallar a los indígenas. Ese ejemplo deben seguir otros ministros. Si no se van, el presidente los debe echar o nosotros echaremos al Gobierno”, dijo Rafael Quispe Flores, mallku de Industrias Extractivas del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), escondido “en algún lugar”.
La octava marcha comenzó el 15 de agosto pasado en Trinidad (capital de Beni) rumbo a La Paz. Serían 600 kilómetros de caminata para pedir que el gobierno no construya una carretera que atraviese al TIPNIS, propiedad de los pueblos Chimán, Mojeño y Yuracaré, además de otras 15 demandas. La marcha es encabezada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el CONAMAQ.
"Mientras se realiza este debate nacional, y para que los departamentos decidan, queda suspendido el proyecto de carretera del TIPNIS y que sea lo que el pueblo decida y, especialmente, estos dos departamentos", afirmó el presidente. Hace meses, aseguraba que la carretera atravesaría el territorio indígena “sí o sí”.
Por Sebastián Ochoa
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