Foro Debate:
Implicaciones económicas, sociales, ambientales y políticas de la construcción de una carretera por el TIPNIS.
HOY 22 DE SEPTIEMBRE
LUGAR: Teatro del colegio Don Bosco.
Horas: 18:00.
Calle Gualberto Villaroel 1133 
Con las cámaras en alto y el puño izquierdo arriba...
jueves, 22 de septiembre de 2011
miércoles, 21 de septiembre de 2011
La marcha indígena fue frenada por la Policía
-En nombre de la Policía boliviana he venido a hablar con sus dirigentes, por favor ¿Están acá sus dirigentes? Quisiéramos hablar con quien esté a cargo de ustedes.
-Todos somos a cargo.
-Entonces voy a hablar con todos ustedes- dijo el uniformado.
-¡Exactamente! ¡Hable!
-He venido a decirles lo siguiente, queridos amigos, hermanos bolivianos: la Policía boliviana está presente acá para evitar cualquier enfrentamiento entre hermanos bolivianos. Porque acá atrás se encuentran los pobladores de Yucumo…
-¡No son de Yucumo!- informaron las y los marchistas.
-Por favor. El pueblo de Yucumo ha decretado 48 horas de paro cívico y han querido venir marchando al encuentro de ustedes. Pero no se les ha permitido pasar. Lo propio para todos ustedes: la Policía boliviana va a extremar esfuerzos para que no se dé ese encuentro entre ustedes, porque no queremos lamentar consecuencias funestas posteriormente. Les venimos a notificar, en cumplimiento del mandato constitucional dado a la Policía boliviana, que no vamos a permitirles el paso- dijo el coronel Nogales, que se había acercado a los marchistas escoltado por efectivas policiales, portadoras de palitos con trapos blancos atados, símbolo de los grupos que desean parlamentar con grupos enfrentados en tiempos de guerra. Para acentuar esta impresión, a cada instante estallaban dinamitas en la “contramarcha” de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), que estaba 500 metros más adelante, contenida por otro cordón policial más permisivo. Aunque las explosiones eran palmariamente de dinamitazos, los policías dijeron que iban a investigar si eran realmente dinamitazos y, de constatarse esto, si alguna estaba en poder de los interculturales (excolonizadores) bajo el comando de su secretario general, Guzmán Aliaga.
Esta mañana, la Octava Marcha Indígena había dejado la comunidad Limoncito para llegar hasta donde se pudiera llegar en su caminata hacia la ciudad de La Paz. Salió al mediodía, cuando la “contramarcha” de 150 personas, organizada por la CSCIB, entre otros, ya había llegado al bloqueo de la Policía Nacional, cuyos agentes estaban ubicados junto a un puente y un arroyo para evitar el paso de la marcha indígena, que estaba por venir.
“Desde Limoncito”
“Que le vaya bien”, se despedía la señora en cuya casa de Limoncito se había detenido la marcha. Saludaba desde su puerta a cada machista que agradecía la hospitalidad y pasaba a alinearse en la carretera Trinidad-La Paz, para reiniciar el viaje.
“Esta movilización se ha generado porque hay derechos que han sido vulnerados. Si no hubiera habido vulneración de derechos, seguramente no hubiera habido movilización. Entre los principales derechos vulnerados están el derecho a la consulta, el derecho al territorio, el derecho a la libre determinación de los pueblos. En nuestro país se están violentando estos derechos y por eso están movilizados los pueblos indígenas. Hay instancias a las cuales acudir para plantear la reivindicación de esos derechos conculcados, y ustedes están haciendo lo correcto. Solo que la lucha ahora se torna difícil, porque sus aliados de ayer parece ser que se han convertido en sus duros verdugos de hoy. Por eso la lucha de ustedes se hace más difícil, pero estamos nosotros como Defensoría del Pueblo, están otros organismos nacionales e internacionales que velan para que los derechos sean restituidos. No puede ser que la simple y mera visión mercantil, progresista o desarrollista se esté imponiendo en una sociedad que se creía plurinacional. Por eso, nosotros vamos a continuar acompañando y vigilando todo el proceso de la marcha. Vamos a continuar con otras acciones que hemos venido desarrollando, porque no solo acompañamos a la marcha, sino que paralelamente realizamos una serie de acciones ante autoridades competentes, ante organismos como los que están presentes aquí a kilómetro y medio (la Policía Nacional) y también con quienes han bloqueado durante ya 25 días esta carretera (la CSCIB) y han privado al resto del país de un derecho fundamental, que es el derecho al libre tránsito por todo el territorio nacional. Estamos convencidos de que esta movilización que ustedes han organizado y desarrollado tiene como punto fundamental la reivindicación de los derechos”, dijo Luis Revollo Hurtado, de la Defensoría del Pueblo de Beni.
“Por eso vamos a acompañarles hasta que se encuentre la solución y la solución puede que no se vea en la carretera, puede que no sea en La Paz, puede que esta sea una etapa de la dura lucha que vienen desarrollando desde antes de 1990. Porque no se ha consolidado lo que han conseguido en 1990, pese a que hay leyes, pese a que hay una nueva Constitución, es una pena que hasta hoy no puedan consolidarse derechos fundamentales, como el derecho al territorio, el derecho a la consulta previa o el derecho a la libre determinación”, dijo Revollo.
A la marcha también se han sumado Miguel Palacín Quispe, presidente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), y Edwin Vásquez, coordinador general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).
“Como CAOI, que agrupa a hermanos de organizaciones andinas de seis países, estamos aquí para solidarizarnos con nuestros hermanos de la marcha. Creemos que la marcha es justa, el reclamo es legítimo, por el cumplimiento de la ley y los tratados internacionales. Estamos acá para acercar a las partes, que puedan dialogarse y resolver el problema, no el conflicto, porque aquí hay un problema: los pueblos indígenas no han sido previamente consultados (para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, por ejemplo) y eso está en los tratados internacionales, está en la jurisprudencia de la Corte Interamericana (de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos), está en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es ley en Bolivia. Por eso estamos acá”, dijo el peruano Palacín.
“En la COICA representamos a nueve organizaciones de nueve países de la cuenca amazónica, una de ellas es de aquí, la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia). Como organismo de las organizaciones a nivel internacional tenemos estatus consultivo en las Naciones Unidas. Estamos aquí justamente para velar y defender y proteger nuestros derechos fundamentales. El Convenio 169 de la OIT hoy es violentado y vulnerado por este gobierno de nuestro hermano indígena presidente de Bolivia, también por todos los presidentes de los nueves países donde estamos. Creemos que el mejor instrumento para solucionar este conflicto es mediante el diálogo. No somos el problema los pueblos indígenas. Somos parte de la solución, porque nosotros tenemos capacidad de dar soluciones”, dijo Vásquez, quien pertenece al pueblo Huitoto, en la frontera entre Perú y Colombia.
“Hemos tenido contacto con el ministro de la Presidencia (Carlos Romero), quien nos ha dicho que en todo momento el gobierno ha buscado el diálogo. Pero el diálogo no es solamente con el Ministro de la Presidencia, sino también con el Presidente del Estado, para que el diálogo sea transparente. No es posible que ahora se hable de consulta (en el caso de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos) cuando el problema se está agudizando. La consulta debe hacerse antes y no después”, dijo Vásquez.
Antes de que la marcha saliera hacia Yucumo, varios líderes indígenas hablaron a sus hermanas y hermanos.
“¿Cuándo va a empezar a aplicarse la Constitución Política del Estado para los pueblos indígenas y la sociedad? Hasta hoy el gobierno nacional ha aplicado la Constitución solamente en su propio beneficio. Por eso no nos vamos a cansar de recalcar que para los pueblos originarios e indígenas de tierras bajas y de tierras altas la lucha es única. Es por el respeto a nuestros derechos, que no son regalo de nadie, no son regalo de este gobierno, no son regalo de un partido político, es una conquista de cada uno de nosotros, de cada uno de los pueblos. Por eso, después de 20 años, nuevamente reactivamos la marcha pacífica. El CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) está junto a esta lucha. El CONAMAQ no está apoyando, porque la lucha de las tierras bajas es también la lucha de las tierras altas, es la lucha de todos nosotros por defender la tierra, el territorio, la libre determinación y la consulta”, dijo Rafael Quispe Flores, mallku de Industrias Extractivas del CONAMAQ.
“Estamos de pie no solamente reivindicando nuestros derechos, sino haciéndolos respetar. Estamos los 36 pueblos indígenas unidos en esta marcha por la defensa de la Madre Tierra, por la defensa de la Pachamama, para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras próximas generaciones continúen viviendo con nuestras propias cosmovisiones, nuestro propio desarrollo como pueblos indígenas. Queremos pedir a los pueblos del mundo, especialmente a nuestros hermanos de América latina, a los países hermanos, que aquí en Bolivia, desde Limoncito, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, para hacer respetar a nuestra Madre Tierra, porque por ella vivimos y por ella vamos a morir, porque consideramos que es justa y legítima nuestra defensa de lo que hemos decidido todos los que estamos marchando”, dijo el diputado nacional Pedro Nuni, del pueblo mojeño.
“Agradecemos las muestras de solidaridad que nos han dado hasta el momento y nos van a seguir dando –continuó Nuni-. Hacemos un llamado a mi país, a nuestras hermanas y hermanos del Estado Plurinacional, a seguir de cerca esta marcha, a seguir apoyando, a seguir luchando, a seguir haciendo eco de nuestras voces para que se escuche en todo el mundo que los pueblos indígenas de Bolivia estamos de pie y vamos a defender nuestro territorio y vamos a hacerlo respetar para que sigamos viviendo y desarrollándonos ¿Es así hermanos, o no?”
-¡Así es!
-¡Que viva la marcha indígena!
Entonces, las y los mil marchistas salieron con las pancartas de sus pueblos y organizaciones, sus banderas, al calor de 35 grados en la hora sin sombra. La caminata prometía ser corta, porque ya se sabía cómo iba a actuar la Policía Nacional.
Algo verde en el camino
“La Policía debe hacer cumplir la Constitución, pero vemos que no está sucediendo eso, porque allá (donde los bloqueadores de Yucumo) están con dinamita, nosotros no tenemos nada. Quisiéramos que la Policía boliviana fuera para todos los bolivianos, no solamente para unos sí y para otros no. Solamente le pedimos respeto a la Constitución, que ustedes den seguridad a todos los bolivianos y se encarguen de velar por la transitabilidad de la vía pública. Y eso no se está haciendo. Nosotros no estamos bloqueando nadie, los vehículos pasan, vienen y nosotros seguimos caminando. En ese entendido, nosotros nos vamos a quedar acá, vamos a armar nuestros camping hasta que ustedes, como Policía boliviana, que son nuestra Policía, hagan cumplir la Constitución, porque no se está cumpliendo la Constitución en esta parte del país. Solamente eso, coronel Nogales, para que usted sepa: venimos en paz, marchando para pedir respeto a nuestros derechos, respeto a la vida, respeto a la Constitución. Respeto a los territorios, respeto a la naturaleza, al medio ambiente, del que es parte también usted, y respeto a ser parte de este Estado Plurinacional”, dijo Fernando Vargas Mosúa, presidente de la Subcentral de comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), de un millón de hectáreas, por donde el gobierno de Evo Morales pretende hacer pasar una carretera sin haber consultado a los pueblos Chimán, Yuracaré y Mojeño, propietarios de esas tierras.
Las y los marchistas habían quedado trancados por un par de caballetes viejos y medio tambaleantes, astutamente colocados por la Policía. A unos treinta metros estaban parados unos cien uniformados, con escudos, cascos, gases y todo lo indispensable para reprimir una protesta pacífica. Mientras, seguían sonando los dinamitazos del lado de los bloqueadores y los policías se hacían los sordos.
-¿Usted sabe que quien organizó ese bloqueo fue el mismo gobierno y que ustedes están aquí por orden y mandato del Ministro de Gobierno?- dijo Vargas al policía Nogales.
-Cumplimos un mandato constitucional.
- Más allá de la Constitución, porque este gobierno utiliza a la Constitución cuando quiere y cuando no quiere, no- dijo Vargas al coronel.
-No hemos venido a analizar eso- contestó el señor de las botas.
-Usted conoce la carretera que van a hacer ¿no?
-Sí.
-¿Y conoce la Constitución?
-¡Claro!
-Entonces, usted conoce que…
-No hemos venido a analizar eso -cortó el coronel al dirigente mojeño.
Varios marchistas empezaron a hablar a la vez al uniformado Nogales, quien contestó a todos a la vez: “Ustedes de aquí no van a pasar”.
-No hablamos más coronel. No queremos escuchar más una dinamita.
-Ahora voy a hablar con ellos.
Con el calor y la quietud, los cuerpos empezaron a deshidratarse. Pero la Policía no permitía llegar al arroyo cercano para refrescarse.
-¡Agua, queremos agua!- gritaban pacíficamente a los policías, que se pasaban una botella con ese líquido y bebían.
-Ellos tienen agua ¡Todavía se hacen la burla!- se quejó una señora.
Como la Policía no cumplía con su supuesta misión de precautelar la vida de la gente en la marcha, levantaron los caballetes articulados y avanzaron algunos metros. Entonces se acercaron los uniformados para escuchar con bastante desagrado. Y prometieron que les darían agua, aunque en lo inmediato no habían cumplido.
Un periodista paceño volvió espantado del bloqueo policial que está frente a la marcha: “¿Has escuchado lo que dijo ese policía cabrón al otro? Dijo ‘no le vamos a dar nada a estos cojudos’”.
(Por Comisión de Comunicación)
martes, 20 de septiembre de 2011
La marcha avanza mañana hacia Yucumo
“Queremos decirle al pueblo boliviano que mañana partimos a primera hora, de acuerdo a las conclusiones de la Asamblea Nacional que hemos hecho ahora. Invitamos a todos los medios de comunicación, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Iglesia Católica, a la Defensoría del Pueblo, para que sean testigos de lo que pueda suceder con el primer frente que tenemos, que es la Policía boliviana, la cual utiliza el gobierno nacional para frenar la marcha. Consideramos nosotros que es una forma cobarde de actuar. Estamos todos ya listos para partir mañana, los mil marchistas”, dijo el presidente de la Subcentral de comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), el mojeño Fernando Vargas Mosúa.
“En el bloqueo de Yucumo fue secuestrado un vehículo que se brindó para traernos donaciones recolectadas en La Paz. Les agradecemos muchísimo al pueblo de La Paz, sin embargo esta movilidad no ha llegado y nos informaron que esos medicamentos, esos alimentos y el agua ya han sido distribuidos entre los bloqueadores”, dijo Vargas.
La Octava Marcha Indígena no es acosada solamente por los bloqueadores en Yucumo. También es espiada por los agentes de “Inteligencia” del Estado Plurinacional, más invitados internacionales. “El director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas (quien persigue a la marcha), estaría acompañado por dos agentes de la Inteligencia venezolana. Yo creo que tenemos un país libre, independiente y soberano. Cuando decimos soberano, quiere decir que el pueblo se gobierna por sí solo. Y no estamos en condiciones de pedir agentes de Inteligencia de otro país. Venezuela nos podrá ayudar, muchas gracias, pero esa ayuda no es gratis: son préstamos que los bolivianos tenemos que pagar. No quisiéramos nosotros que Venezuela se meta en los problemas de este país. Si existen ahora marchas, es porque este gobierno no ha sabido responder a la lucha y a la propia política de los pueblos y de los movimientos sociales que han llevado a un indígena a ser Presidente de Bolivia. Ahora, todo lo que pueda suceder es responsabilidad del gobierno de Bolivia, a la cabeza del presidente, don Juan Evo Morales Ayma”, dijo.
Esta mañana, desde la comunidad Limoncito, donde se encuentra la marcha, enviaron una carta al gobierno nacional. “Estamos ofreciendo una reinstalación del diálogo, pero no podemos dialogar aquí, bajo presión. La condición para reanudar el diálogo es que el gobierno desplace el atrincheramiento de los policías para evitar todo tipo de confrontación. Segundo, el gobierno debe evitar también que nos bloqueen el camino, así podremos avanzar con nuestra marcha pacífica hasta Quiquibey, que está a 42 kilómetros de Yucumo”, dijo Celso Padilla, presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), una de las 12 regionales de la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). Esta organización lidera la marcha junto al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).
Una movilidad
Ayer, la Policía Nacional que –según ella- está para garantizar la vida de los marchistas, aprovechó un rato libre en el cumplimiento de su deber para secuestrar una movilidad de la APG. Además, detuvieron al chofer, el guaraní Pablo Ibáñez, y a Magalí Barba Montero, a quienes llevaron inmediatamente a la ciudad de La Paz junto a la camioneta en cuestión.
“Dicen ellos (la Policía) que la movilidad ha sido robada de una plaza de Camiri en 2010, que el hermano Pablo la había robado. Pero los verdaderos ladrones son los mismos del Gabinete, porque el dinero para comprar esa movilidad salió de un proyecto del gobierno de 2.300.000 Bolivianos, para proyectos de reconstitución territorial del pueblo Guaraní, para dar tierra a las familias cautivas, pero ni a eso se llegó. Además, esa plata con que se ha adquirido la movilidad fue manejada por seis ministerios, con dinero del Fondo Indígena. La APG no manejó ni un solo centavo para la compra de esa movilidad, quienes la manejaron fueron ellos: seis ministerios, a la cabeza de la ministra Nemesia Achacollo. Aquí los verdaderos ladrones son ellos. Hace un año y nueve meses que ha concluido ese proyecto y hasta ahora el gobierno no rinde cuentas. Ahorita vamos a pedirles el informe económico”, dijo la vicepresidenta de la CIDOB, la guaraní Nelly Romero.
“Hemos hecho todas las gestiones con el Defensor del Pueblo, las organizaciones de Derechos Humanos, y hasta la una y 15 de la mañana de hoy han sido liberados. Ahorita ellos se tienen que presentar ante la Fiscalía”, agregó.
“Por tercera vez (desde que empezó la marcha, el 15 de agosto pasado) el pueblo Guaraní ha bloqueado la carretera en el punto 9 de Yacuiba (en Tarija), donde se cruzan las carreteras hacia Santa Cruz, Tarija, Paraguay Argentina. Está bloqueado desde las 00 horas en Campo Pajoso. A las 6 y 30 de la mañana hubo una intervención de parte de los policías y los militares. Por un rato han dispersado a los hermanos, pero inmediatamente se ha masificado el bloqueo y ahora sigue bloqueado. En este momento hay por encima de 200 hermanos. Es una represalia del pueblo de Yacuiba por la detención de Pablo Ibáñez, quien es yacuibeño. El primer punto de la demanda desde este bloqueo del pueblo Guaraní dice al gobierno nacional que debe atender las demandas de los marchistas hasta agotar el diálogo. Segundo, exige la liberación de Pablo Ibáñez. Tercero, pide al gobierno que suspenda inmediatamente el bloqueo de Yucumo, realizado por campesinos traídos de otros lugares”, dijo el presidente de la APG.
Otra movilidad
“El Foro Boliviano para el Medio Ambiente y el Desarrollo (FOBOMADE) está en una campaña de solidaridad y humanitaria para colaborar a los hermanos marchistas -yo también soy un marchista. Es así que todos los hermanos y hermanas de la ciudad de La Paz han hecho donativos de medicamentos, de vituallas, de alimentos, de agua. Lamentablemente, en Yucumo ha sido interceptada la movilidad que traía estas donaciones, han bajado a los ocupantes y han decomisado todo, se han repartido ya todo lo que se había enviado. Vamos a hacer la denuncia formal, obviamente, pero queremos hacer notar que este hecho se enmarca en la persecución que el gobierno hace a las organizaciones que defendemos los derechos de los pueblos indígenas”, dijo el vicepresidente de esa organización, Johnny Cárdenas.
“En la movilidad iban dos funcionarios de FOBOMADE, a quienes los bloqueadores han intimidado. Les han dicho que iban a quemar la movilidad y también a ellos. Totalmente asustados han tenido que dejar la movilidad. Ahora mismo vamos a presentar la denuncia por robo de vehículo, además vamos a hacer responsable al gobierno nacional, porque a su tiempo hemos solicitado la libre transitabilidad, pero no lo ha hecho, además de que se están suscitando hechos que van en contra de la democracia y el estado de derecho”, dijo Cárdenas.
“Los bloqueadores no consideran que los medicamentos son un elemento fundamental para los marchistas y sobre todo para los niños. Lo que han hecho los bloqueadores es un atentado contra la salud y la vida de quienes estamos marchando. Este grupo del gobierno es manejado de una forma totalmente irresponsable, atenta contra de la vida de cualquier ciudadano y sobre todo de quienes estamos marchando”, dijo el presidente de la Subcentral de comunidades del TIPNIS. El bloqueo de Yucumo está encabezado por la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB). Y el otro bloqueo, a un kilómetro de la marcha, es encabezado por la Policía Nacional. Según el gobierno, en esta zona hay 465 uniformados cuya misión es evitar el paso de la Octava Marcha Indígena, que se dirige a La Paz.
“No queremos nosotros pensar que mañana pueda pasar algo como lo sucedido en Pando (en septiembre de 2008). Pero si eso pasara, el gobierno está demostrando que no quiere a los pueblos indígenas de la Amazonía como parte de este Estado Plurinacional. Estamos invitando al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Defensoría del Pueblo, a las organizaciones de Derechos Humanos para que sean testigos. No queremos que nos protejan, porque no pueden protegernos. Más bien les pedimos que sean testigos de lo que pueda pasar mañana. A todas estas instituciones, a la sociedad civil y a los medios de comunicación queremos decirles fraternalmente que sigan con esta causa, porque es la única manera de que este gobierno deje de mentirle al pueblo. Ya ha dicho el Presidente que el bloqueo de Yucumo es legítimo. Con eso ha dicho al pueblo boliviano que el gobierno organizó ese bloqueo, por eso están ahí los colonizadores”, dijo Vargas.
Como otra muestra de que ese bloqueo ha sido organizado por el gobierno nacional, habla por sí sola la foto tomada al ministro del Blackberry y de Obras Públicas, Walter Delgadillo, mientras “negociaba” con los marchistas en San Borja, aunque más bien juntaba información para intentar justificar el bloqueo de cocaleros promorales en Yucumo.
Aunque el oficialismo nunca pudo demostrar que en la Octava Marcha Indígena hubiera armas de fuego, en varios medios de comunicación ha trascendido que en el bloqueo de Yucumo tienen dinamita para atacar a la marcha, integrada por niños, ancianos, mujeres y hombres. “El Ministerio Público está para investigarnos a nosotros los marchistas y no para investigar a la otra parte, que son los bloqueadores. No van a poder investigarlos jamás, porque el primer fiscal que se atreva a investigar está afuera de su cargo. No podemos tapar el sol con un dedo: lamentablemente la justicia está en manos del Poder Ejecutivo”, dijo Vargas.
“Nosotros ya lo sabemos. De frente nos han dicho los policías que han venido para proteger a los bloqueadores. Y no para evitar que haya enfrentamientos. Se ve claro que el gobierno está en contra de nosotros. Más antes les servíamos a ellos, pero ahora que no les servimos nos han declarado sus enemigos. Es doloroso, nos sentimos traicionados por nuestro propio hermano”, dijo la vicepresidenta de la CIDOB.
(Por Comisión de Comunicación)
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