(Desde La Paz. Página 12) La represión policial que desbarató la Octava Marcha Indígena el pasado domingo generó movilizaciones en todo el país, que repudian al gobierno de Evo Morales como nunca le había sucedido desde su asunción, en 2006. “Acordamos con el pueblo hacer las cosas de otra manera”, expresó la ministra de Defensa, Cecilia Chacón, en su carta de renuncia dirigida al presidente aymara. Ayer por la mañana, 285 marchistas que habían detenidos por la policía y que estaban por mandar a La Paz en un avión Hércules fueron liberados por la población de Rurrenabaque, en el departamento de Beni. En la localidad beniana de San Borja, a 40 kilómetros de donde los indígenas fueron “evacuados” –según el argot del Ministerio de Gobierno- los indígenas se reagrupan para continuar la marcha hacia esta ciudad, donde reclamarán al presidente respeto a sus derechos y a la Constitución.
A pesar de que el trabajo de la prensa fue restringido por la policía, algunas cámaras pudieron captar imágenes de los indígenas en el suelo, apaleados por los oficiales antimotines, a otros maniatados, hasta con cinta de embalar atravesada en sus bocas. Muchos marchistas huyeron a la selva y todavía se mantienen escondidos. Hay decenas de indígenas heridos, con las cabezas partidas por los palazos de los uniformados. Hasta la mañana de ayer, los indígenas intentaban encontrar a varios niños perdidos, que fueron separados de sus familias en el auge de la violencia estatal, cuyos efectivos usaron balas de goma, además de palos.
“Esto es increíble”, decía Vilma Romero, veedora del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, llorosa por los gases que soltaron los 500 policías del operativo represivo.
"Se ha procedido a evacuar a los marchistas para garantizar su seguridad física”, fueron las palabras elegidas por el ministro de Gobierno (Interior), Sacha Llorenti.
Desde hace semanas, los policías se encuentran en la carretera La Paz-Trinidad, a la altura de Yucumo, para evitar que los indígenas puedan continuar su caminata. Fueron enviados allí porque en Yucumo (a cinco kilómetros de donde estaba la marcha) había un bloqueo de 20 campesinos afiliados a la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), quienes aseguraban -también- que no iban a permitir el paso de la marcha, porque en el pliego de 16 demandas los indígenas había cinco puntos que les afectaba, decían. El domingo la policía levantó este bloqueo, aunque con menos violencia que la implementada contra la marcha.
Una foto fue tomada al Blackberry del ministro de Obras Públicas, Walter Delgadillo, mientras chateaba durante una de las negociaciones que hubo con los marchistas en San Borja, a principios de septiembre. El ministro escribió –la imagen no está trucada- a un colaborador (Joaquín) que “el pliego de la marcha afecta a los de Yucumo; esto se tiene que publicitar”. Delgadillo anunció días atrás que iniciaría un juicio a Erbol, uno de los medios que difundió la foto, aunque no explicitó por qué delito.
El domingo, luego de 40 minutos de violencia, los policías subieron a 285 indígenas a cuatro micros para trasladarlos a San Borja y de allí a La Paz. Pero la población de San Borja, que apoya a los marchistas, les cortó el camino. Entonces los buses y camionetas con los detenidos volvieron hacia Yucumo y siguieron hasta Rurrenabaque. Allí, indígenas del pueblo Tacana y gente del lugar ocuparon la pista de aterrizaje y forzaron a los policías a liberar a los indígenas, muchos de los cuales estaban heridos, como Fernando Vargas Mosúa, vocero de la marcha y presidente de la Subcentral de Comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Entre los detenidos estaban los diputados indígenas Pedro Nuni y Bienvenido Zacu. Ayer, los liberados evaluaban cómo regresar a San Borja (a 350 kilómetros de La Paz) para reunirse con el resto de la marcha, pero existía el temor de que nuevamente quisieran detenerlos.
"Asumo esta decisión porque no comparto la medida de intervención de la marcha que ha asumido el Gobierno y no puedo defender o justificar la misma, en tanto existan otras alternativas en el marco del diálogo, el respeto a los Derechos Humanos, la no violencia y la defensa de la Madre Tierra", dijo la exministra Chacón en su carta de despedida.
"Las medidas asumidas, lejos de aislar a la derecha, fortalecen su accionar y manipulación dentro de la octava marcha con el fin de atacar el proceso de cambio que tanto ha costado a los bolivianos ¡No así! Acordamos con el pueblo hacer las cosas de otra manera”, agregó Chacón. Desde el inicio de la marcha, el gobierno nacional acusa a los indígenas de estar financiados por grupos “de la derecha”, aunque nunca presentó pruebas.
"Esperamos que su liderazgo, tantas veces probado, sirva para retomar el camino histórico que decidió seguir nuestro país", le escribió Chacón al presidente.
“Creo que esa mujer es valerosa, heroica, porque ha dicho que no pueden avasallar a los indígenas. Ese ejemplo deben seguir otros ministros. Si no se van, el presidente los debe echar o nosotros echaremos al Gobierno”, dijo Rafael Quispe Flores, mallku de Industrias Extractivas del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), escondido “en algún lugar”.
La octava marcha comenzó el 15 de agosto pasado en Trinidad (capital de Beni) rumbo a La Paz. Serían 600 kilómetros de caminata para pedir que el gobierno no construya una carretera que atraviese al TIPNIS, propiedad de los pueblos Chimán, Mojeño y Yuracaré, además de otras 15 demandas. La marcha es encabezada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el CONAMAQ.
El domingo, antes de ordenar la represión, el gobierno nacional propuso hacer un referéndum en Cochabamba y Beni para que las poblaciones digan si quieren o no la carretera que uniría a estos departamentos. Para los indígenas esto sería inconstitucional, porque no se respetaría el derecho a consultarlos en caso de que algún emprendimiento pudiera afectar a sus territorios. En este caso, la carretera.
En las principales ciudad de Bolivia se realizan bloqueos, vigilias y huelgas de hambre para apoyar a los marchistas y exigir la renuncia de varios ministros, incluso de Morales.
Por Sebastián Ochoa
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