Alianza Indígena-Urbana: “La lucha es anticapitalista”

En la ciudad de La Paz se realizó el primer Encuentro Urbano Indígena, hacia la Novena Marcha que se iniciará dentro de tres semanas. La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y organizaciones sociales afianzaron sus vínculos para comenzar la caminata con un objetivo común: lograr que el gobierno de Evo Morales respete los derechos individuales y colectivos de las y los bolivianos establecidos en la Constitución Política del Estado. Todas estas demandas se concentran en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), donde el Gobierno nacional pretende construir una carretera sin importarle lo que deseen sus dueños legítimos: los pueblos Yuracaré, Chimán y Mojeño.

“Cuando la Octava Marcha llegó a La Paz, el recibimiento de la población había sido muy fuerte, contundente. Ahora, a raíz de que ha sido vulnerada la Constitución nuevamente y el Gobierno sigue con su plan de hacer la carretera por dentro del TIPNIS, varios sectores sociales que están acá no quieren ser otra vez apoyo a la marcha, sino que quieren ser parte de la marcha, quieren luchar conjuntamente. Este Gobierno oprime a los más desposeídos, que son los pueblos indígenas, profesores, gremiales, clases bajas, medias. Ellos quieren ser parte de esta movilización, mantener la unidad entre los más desposeídos y humillados”, dijo Rafael Quispe Flores, exautoridad del CONAMAQ que participó de la Octava Marcha.

“Me parece importante la línea de acción que quieren tomar (los sectores urbanos). No podemos recurrir a la Justicia porque está cooptada, entonces nos queda la acción directa. En toda la historia, en la colonia, desde antes de la república, con la acción directa se han defendido los derechos de los pueblos indígenas, los derechos humanos, colectivos. Ahora nuevamente tenemos la acción directa para defender nuestros derechos”, dijo Quispe en referencia a la marcha que comenzará el 25 de abril en Chaparina, departamento de Beni.

Durante este Encuentro Urbano Indígena, algunos dirigentes de organizaciones sociales habían propuesto elaborar un pliego de demandas conjunto. Pero para los indígenas la Novena Marcha debe ser preeminentemente indígena. “Hay temas comunes que deben unir a todas las y los bolivianos: la defensa de los derechos humanos, de los derechos colectivos, de los recursos naturales, de la Constitución. Nos deben unir temas comunes, como la Agenda de Octubre (de 2003), la nacionalización de los recursos naturales”, agregó Quispe.

Del encuentro participaron juntas vecinales, federaciones de maestros, federaciones de estudiantes, grupos de defensa del medio ambiente, Casegural y otras organizaciones urbanas de todo el país. Firmaron un voto resolutivo junto a la CIDOB y el CONAMAQ. El texto establece la alianza indígena-urbana para defender el TIPNIS, por el respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas, entre otros de sus derechos avasallados por el actual Gobierno. También consensuaron accionar para recuperar los recursos naturales, para expulsar a las empresas transnacionales, así como para defender los derechos a un trabajo digno -debidamente remunerado- y para tener salud y educación de calidad y pública.

En sus intervenciones, algunas organizaciones de las ciudades propusieron impulsar un Referéndum Revocatorio para sacar al Presidente del Palacio Quemado. Pero los indígenas no estuvieron de acuerdo. “Nosotros, por principio de los pueblos indígenas, no queremos derrocar absolutamente a nadie, no queremos promover el derrocamiento de nadie. Respetamos ese pacto social que es la Constitución, según la cual Evo Morales debe gobernar hasta 2014 y cumplir con todos los compromisos que ha adquirido. Por estrategia política no se puede plantear el derrocamiento, porque así no ganas adeptos. Si mañana cae el gobierno de Evo Morales será por su propio peso”, dijo el exmallku del CONAMAQ.

“Hacer un revocatorio sería para lavarle el rostro a Evo Morales, sería para victimizarlo. Además, él tiene el  control de la Justicia y del Órgano Electoral. Por eso decimos no al revocatorio, sí a la acción directa. Nuestro objetivo no es derrocar a un Gobierno, sino conseguir que nuestros derechos sean respetados”, sostuvo Quispe, del pueblo Aymara.

En la vereda de enfrente se paran políticos de larga data para obtener algún beneficio en las próximas elecciones. Podría ser el caso de Samuel Doria Medina, dirigente de Unidad Nacional, quien dijo que caminará como uno más en la Novena Marcha. En el encuentro no cayó bien este aviso.

“La marcha es de los pueblos indígenas, es una reivindicación histórica de los pueblos. Por eso no debería haber intromisión política en esta marcha indígena originaria. Ningún partido político debería aprovechar esta reivindicación justa de los pueblos”, dijo Quispe.

En las ciudades

La Novena Marcha arrancará en Chaparina, la localidad de Beni donde el 25 de septiembre de 2011 la Policía boliviana reprimió a las y los mil indígenas de la Octava Marcha. Las imágenes de ese atropello -por el que aún no hay acusados ni responsables- llegaron a las pantallas de todo el país. Y movilizaron a miles de personas, que sin dudarlo comenzaron a apoyar con lo que fuera a quienes caminaban hacia La Paz.

Mucha gente en las ciudades ahora está decidida a dejar sus trabajos y obligaciones –lo mismo que las y los indígenas- para exigir respeto por el TIPNIS y, en consecuencia, a la Constitución Política del Estado.

“Las luchas sociales que se realizan en el país y en América latina son contra el capital financiero que penetra estos países para saquear sus recursos naturales. Por eso, la lucha por el TIPNIS y la defensa de los recursos naturales va encaminada a preservar la autodeterminación de los pueblos indígenas. También, en la última época, ha servido esta lucha de los pueblos indígenas como lucha del conjunto de la nación oprimida. Ante la ausencia de un movimiento obrero, se presentan los indígenas para -desde su perspectiva- guiar al movimiento. Pero hay que tener en claro que los indígenas con su propiedad colectiva, así como los campesinos con la pequeña propiedad, no pueden hacer una lucha eficaz contra el capitalismo. Hace falta una alianza férrea entre obreros de este país y campesinos e indígenas: esa es la base fundamental para esta alianza”, dijo Javier Huarachi, del Comité de apoyo al TIPNIS de Chuquisaca.

“Creemos que existe una muy buena posibilidad de alianza, porque se trata de sectores que ya están en las calles activamente luchando, como los maestros, los médicos, los estudiantes, los indígenas también. A esta alianza hay que encaminarla estratégicamente, para que todos los explotados de este país tengan en claro que la lucha es anticapitalista”, dijo Huarachi.

La improbable aplicación de la 222

“Esta alianza urbano-indígena debería ser desde siempre, porque todos vivimos en un mismo planeta, todos vivimos buscando esa relación armónica con la naturaleza, por lo tanto no debería haber diferencia entre clases sociales. Al contrario, debería haber una unidad que permita buscar un desarrollo integral de todos los seres humanos del planeta, con respeto por la naturaleza y por los derechos humanos. Pero aquí se ha visto que el Gobierno, en lugar de buscar soluciones integrales, busca desarticular a la sociedad”, dijo el presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas Mosúa, en la Universidad Mayor de San Andrés, donde se realizó este encuentro. También opinó sobre las sugerencias de algunos sectores de esgrimir un pliego conjunto de demandas.

“Hay que entender que la marcha es protagonizada por los pueblos indígenas, es liderizada por los pueblos indígenas. Otros sectores son de apoyo a la movilización. Es importante hacer notar que lo que nosotros planteamos no es únicamente la defensa del TIPNIS, sino la defensa de los recursos naturales, de la biodiversidad, del medio ambiente, fundamentalmente los derechos de todo el pueblo boliviano. Entonces ahí hay la coincidencia de una plataforma única. Cuando la marcha exige el cumplimiento de la Constitución, exige respeto a los derechos de todos los bolivianos. Este Gobierno busca desarticular a los pueblos organizados: es una desarticulación que sepulta todas las conquistas logradas en los últimos años no solo por los pueblos indígenas, sino por toda la sociedad”, dijo Vargas.

El Gobierno nacional ha manifestado que su Consulta posterior en el TIPNIS (según su ley 222) comenzará en mayo, cuando ya esté en el camino la Novena Marcha. Para garantizar que se cumpla con el deseo del presidente Morales, por los ríos del territorio circulan cada vez más lanchas con uniformados de la Fuerza Naval, quienes llevan regalos malintencionados a las comunidades y –sobre todo- controlan todo movimiento de las y los dueños de ese TCO (Territorio Comunitario de Origen).

“Este no es un Gobierno que busca soluciones, sino que busca más complicaciones en el país. Y esto no le hace un favor a su política, sino que le hace un daño. Tenemos conocimiento de que van a entrar 50 soldados al TIPNIS. Así el Gobierno busca provocarnos. Nosotros recomendamos a  las comunidades que no caigan en esas provocaciones del Gobierno, porque busca victimizarse. En el TIPNIS tenemos claro que la Consulta (según la ley 222) no se va a realizar”, dijo Vargas.

Según el presidente de la Subcentral TIPNIS, esta Novena Marcha se abortaría solamente si el Gobierno nacional anulara la ley 222 y optara por respetar la ley 180 (de protección del TIPNIS), conseguida por los indígenas al finalizar la Octava Marcha, en octubre de 2011.

Pero el Gobierno nacional, en su afán de construir la carretera por dentro del TIPNIS, no deja de enredarse en mentiras y medias verdades. Días atrás, había asegurado que la empresa brasileña OAS no construiría el segundo tramo de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos (tramo que pasaría por dentro del TIPNIS). Aunque la empresa de marras no tiene ninguna comunicación oficial al respecto. Más bien, existen leyes vigentes en Bolivia que le otorgan a OAS 415 millones de dólares para tender la vía con el contrato correspondiente. Para los indígenas, con esta deslucida estrategia el Gobierno pretende confundir y malinformar a la población.

Emilio Noza Yuco, presidente de la Subcentral Sécure del TIPNIS, dio cuenta de las últimas jugadas sucias del Gobierno nacional para poder construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos justo por el medio de este territorio. “Los hermanos tienen una fuerte presión del Gobierno, que está llegando con algunas cosas a las comunidades para que la gente no salga en defensa de su propio territorio, de su propia casa, para que no vayan a la Novena Marcha. El Gobierno hoy día ha conformado una subcentral paralela a la del Sécure para tomar sus oficinas en la ciudad de Trinidad y permitir esa Consulta. Esto es preocupante para nosotros, pero estoy convencido de que este Gobierno no nos va a humillar, no nos va a dominar, porque creemos que nuestra demanda es justa. No se sorprendan de que mañana estemos confrontándonos en la ciudad de Trinidad para que no tomen las oficinas de la Subcentral Sécure”, dijo el dirigente del pueblo Mojeño.

(Comisión de Comunicación de la Novena Marcha Indígena)