El 25 de septiembre de 2011 nunca existió

El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) estará en la próxima Comisión Nacional de la Confederación de los Pueblos Indígenas de la (CIDOB), a realizarse en la ciudad de Trinidad los primeros días de marzo. Allí pensarán qué hacer ante la nueva vulneración de los derechos indígenas cometida por el presidente Evo Morales y su gobierno, que quieren dividir con una carretera al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), aunque les cueste sus puestos laborales. Fiel al librito de estrategias de guerra japonés que le regalara el Vicepresidente hace algunos años, Morales no ataca a los indígenas solamente con la Ley 222. Ahora, por medio de su Órgano Judicial, amenaza con meter en la cárcel a las y los protagonistas de la Octava Marcha Indígena por “tentativa de homicidio” y por “tomar de rehén” nada menos que al canciller David Choquehuanca, supuestamente un día antes del 25 de septiembre de 2011, fecha que nunca parece haber existido en el “pensacosmos” (parafraseando al Canciller) del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Las y los 26 citados son:

Durimar Merelis Genaro, presidenta de la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP);

Rosa Chao Roca, presidenta de la Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO);

Berta Bejarano Congo, presidenta de la Central de Pueblos Étnicos Moxeños de Beni (CPEMB);

Melba Hurtado Áñez, presidenta de la Central de Mujeres Indígenas de Beni (CMIB);

Jenny Suárez Parada, presidenta del Comité de Marcha;

Nelly Romero López, vicepresidenta de la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB);

Amparo Carvajal, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB);

Rafael Quispe, del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ);

Fernando Vargas Mosúa, presidente de la Subcentral del TIPNIS;

Adolfo Chávez, presidente de la CIDOB;

Pedro Vare, presidente de la Central de Pueblos Indígenas de Beni (CPIB);

Jorge Mendoza Valdéz, de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG);

Marcelo Marupa, de la Subcentral del TIPNIS;

Felipe Mayer Roca, presidente del Gran Consejo Chimán;

Celso Padilla Mercado, de la APG;

Tomás Candia, secretario de Juventudes de la CIDOB;

Eladio Uraeza, presidente del Comité de Marcha;

Félix Flores;

Roberto Rivera;

Walberto Baraona, del CONAMAQ;

Óscar Olivera;

el exviceministro de Tierras Alejandro Almaraz,

el exsenador Lino Villca;

el diputado indígena del MAS Bienvenido Zacu,

además de los sargentos Prudencio Condori y Luis Campusano.

A la mayoría no les llegó la citación. Supieron por los medios de comunicación que repentinamente se habían hecho famosos porque habrían tratado de asesinar al único funcionario del Estado Plurinacional posiblemente dispuesto a escuchar las demandas de la Octava Marcha Indígena.

"Me llegó la citación pero no tiene fecha para que me presente. Es una falta de respeto y de seriedad del Ministerio Público. El lunes me presentaré en la Fiscalía", dijo tata Rafael Quispe Flores, uno de los líderes de la Octava Marcha Indígena, cuando era el mallku de la Comisión de Industrias Extractivas del CONAMAQ.

"Es una persecución política, una intimidación, es criminalización de la protesta. Sucede que al Presidente no le gusta que le digan sus verdades, para ello está la Justicia sometida al poder político, que la manipula a su antojo. Así resulta que nosotros cometimos 'tentativa de homicidio', pero cuando la Policía masacra, secuestra, apalea, nada pasa. Allí están sueltos Sacha Llorenti (Ministro de Gobierno durante el 25 de septiembre de 2011), Marcos Farfán (exviceministro de Régimen Interior), Boris Villegas (todavía director de Régimen Interior). Según el Gobierno, la represión a la marcha ha sido una 'dispersión para evitar enfrentamientos'. Ellos interpretan de acuerdo a lo que les conviene. Para ellos, nosotros las víctimas cometimos 'tentativa de homicidio'", agregó el aymara.

Para tata Rafael, una opción ante los ataques del Gobierno nacional es agotar las vías legales nacionales para recurrir luego a la justicia internacional. "Yo contra el Gobierno tengo dos querellas. Una es por los golpes que han dado a mi hija y las heridas que le han causado (a Jimena, que entonces tenía 11 años). La otra es por difamación, calumnias e injurias contra el señor Morales, porque no puede justificar las acusaciones que me ha hecho de que estoy conspirando contra el Estado. Y nunca pudo mostrar la orden judicial que le habría permitido acceder a mi extractos de llamadas y bancarios", comentó.

"En Trinidad, CIDOB y CONAMAQ van a tomar definiciones. Porque la lucha no es solamente por el TIPNIS. Es una lucha por los derechos colectivos, por la Madre Tierra, por la biodiversidad y la democracia. No puede ser que nuestro Presidente un día firme una Ley, la 180 (de protección del TIPNIS), y luego la viola, anula, deroga y abroga tácitamente con su Ley 222", dijo el exmallku del Consejo.

A Tomás Candia, del pueblo Chiquitano, ningún papel le han enviado. “No me ha llegado la citación personalmente, pero me he bajado alguna información de Internet. Cuando vimos los nombres nos hemos sorprendido con los hermanos. Entre ellos aparece mi persona, me sindican de delitos como ‘intento de homicidio’, dicen que al Canciller lo hemos agarrado de rehén. Y la verdad es que no lo hemos tocado, nada más lo hemos obligado a caminar. Incluso ante los medios de comunicación el Canciller ha admitido que no hubo secuestro, sino que lo obligamos a marchar con nosotros”, contó el acusado.

Esta noche se reunirán los señalados por la Justicia para tomar una decisión. “Todavía no sabemos qué vamos a hacer. Pero creo que si nos llegara la citación deberíamos presentarnos, para demostrar que nosotros sí respetamos las leyes y tenemos principios”, opinó el legendario “Hermano Telecel” de la octava marcha.

“Como Confederación vamos a hacer las cosas con responsabilidad y vamos a tomar todas las previsiones jurídicas, pese a que la Justicia está agobiada al lado del Gobierno. La Justicia está sometida, a sus pies del Gobierno, eso es muy claro. El Gobierno quiere amedrentar a la dirigencia indígena, empezando por el lado sensible, que son las hermanas mujeres. Y nosotros, como varones, no los vamos a dejar, por más citaciones que manden a las hermanas las vamos a defender con uñas y dientes. Son hermanas que han puesto el pecho en lealtad para defender nuestra Casa Grande, nuestro territorio, por todos los pueblos indígenas. Nadie va a estar de acuerdo con que una hermana vaya presa”, dijo Adolfo Chávez Beyuma, presidente de la CIDOB.

“Vamos a insistir para que este Gobierno pueda respetar la Constitución Política de todos los bolivianos. Porque la ley que ha sacado (la Ley 222, para realizar una Consulta Posterior a los pueblos indígenas del TIPNIS, con el objetivo de obtener algún tipo de consentimiento en la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, ya en construcción) es una ley fuera de termino, fuera del plazo establecido. En la Constitución dice que la Consulta debe ser Previa. Además, según la Ley 222, la Corte Electoral va a realizar este trabajo. Pero según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, se debe hacer la Consulta a las organizaciones, a las instancias orgánicas, a la CIDOB, a las regionales, a las subcentrales y nosotros debemos hacer el trabajo que nos corresponde hacer. Pero el Gobierno de alguna manera quiere atribuirse esa responsabilidad. Lo que dicen el Convenio 169 y la Declaración de la ONU es ley en nuestro país, entonces el Gobierno está tomando atribuciones que no le corresponden. Eso conviene aclararlo en esta Comisión Nacional. Nosotros también vamos a estar presentes en el encuentro de corregidores”, que se realizaría en el TIPNIS el 15 de marzo, comentó Chávez.

Otra preocupación de la CIDOB y el CONAMAQ es que el Gobierno nacional no respeta las estructuras de las organizaciones sociales. Critica a los dirigentes porque no hacen lo que Morales quiere y diversos funcionarios convocan públicamente a las bases de las organizaciones a cuestionar y rechazar a los dirigentes indígenas, elegidos según las formas de democracia y con respeto a la autodeterminación de cada uno de los 36 pueblos indígenas.

“Por supuesto que el Gobierno ha tenido la intencionalidad de hacer una ‘Cidobcita’ con el CONISUR. Está muy claro que el Gobierno nacional busca romper esquemas estructurales. Ahora a lo último armó una marcha para hacer creer a la población que en el TIPNIS sí quieren la carretera. Para eso hizo marchar a gente cocalera, junto a algunos hermanos indígenas trabajadores de los cocaleros, más pobladores de San Ignacio de Moxos, que viven en el área urbana, con las condiciones de una ciudad. Pero los hermanos dentro del territorio ya han manifestado que no quieren una carretera por dentro del TIPNIS. Dijeron que la única carretera para ellos es el río”, agregó Chávez, del pueblo Tacana.

Mientras los funcionarios del MAS se arremangan para tramitar la Consulta Posterior en el TIPNIS, las máquinas de la empresa brasileña OAS siguen en la construcción de una carretera financiada con un crédito que el presidente de Bolivia pidió al de Brasil.

Mientras el presidente Morales parece haber consiguió la venia de los testaferros de la ONU para hacer su Consulta Sui Generis en el TIPNIS, todas las organizaciones indígenas de Bolivia solicitan otra vez el apoyo de la población para lograr que la Novena Marcha Indígena vaya de Trinidad a La Paz.

“Hemos recorrido el TIPNIS días atrás. Vimos que son los propios hermanos quienes están tomando la decisión de hacer la Novena Marcha Indígena y otras actividades que corresponden hacer. Nosotros, como dirigentes nacionales, simplemente cumplimos lo establecido por el mandato de las bases a sus dirigentes”, aseguró el presidente de la CIDOB.