En todas partes del mundo se han comenzado a ejecutar leyes antiterroristas bajo el argumento de “seguridad de Estado” y sustentadas en la doctrina del “enemigo interno” que se ha tornado en una patética excusa para desmovilizar y arremeter contra aquellos sectores que luchan por sus legítimas reivindicaciones a través de marchas, huelgas, paros etc. No es casualidad que en Bolivia, al igual que otros países como Chile, Argentina, Grecia, España entre muchos otros, se estén llevando a cabo actos de persecución política contra militantes sociales de distintos sectores con argumentos de tono criminal empleados tanto contra individuos particulares como contra organizaciones enteras.
Es claro que la criminalización de la protesta social se ubica en el marco de la lucha ideológica. Los gobiernos criminalizadores detentan y defienden intereses de clase antagónicos a las demandas del pueblo movilizado. Por tanto, buscan incansablemente acallar las voces y detener las luchas de quienes puedan develar el verdadero carácter de aquellos que se encubren con falsos y demagógicos discursos de cambio.
En la misma línea, esta vieja estrategia no corresponde a un individuo o un gobierno de manera aislada. Estos son instrumentos serviles a un sistema cuyo objetivo es sobreponerse a la crisis por la que atraviesa y fortalecerse a costa de la explotación de los trabajadores, el saqueo de nuestros recursos, la violación de la autodeterminación de los pueblos indígenas etc. Estos gobiernos, sus funcionarios y voceros, se prestan desde la periferia a ser agentes de los grandes intereses imperialistas transnacionales.
En nuestro país esto se refleja en diferentes situaciones dadas en el marco de la lucha contra políticas neoliberales que imponen proyectos extractivitas, de flexibilización laboral etc. Tal es el caso de los anarquistas detenidos bajo la acusación de terrorismo, situación en que el gobierno eleva a un nivel más visible su lógica de persecución y criminalización, además de casos anteriores como ser los procesos penales contra dirigentes de la CIDOB y CONAMAQ que lucharon por la defensa del TIPNIS, la brutal golpiza contra una enfermera en las movilizaciones del sector salud, la detención de universitarios en Cochabamba en una marcha de apoyo a los estudiantes de medicina y el arresto del curaca mayor de la Marka Sacaca, Cancio Rojas, por la lucha de Mallku Khota.
Aun así los movilizados son acusados por el Gobierno de Evo Morales de estar con la derecha, siendo este quien defiende sus intereses materiales. En ese plano, es importante diferenciar la protesta social de aquella derecha moribunda que es antagónica a los sectores oprimidos, hablamos de la porción de la derecha que aún no está protegida por el MAS.
Todos estos sectores movilizados por sus justas reivindicaciones y conquistas históricas son peligrosamente acusados de criminales, y día a día chocamos con más estrategias que legalizan la persecución política y arresto injustificado, pretendiendo así detener las luchas y silenciar las voces críticas. Seguiremos siendo perseguidos mientras el sistema capitalista encuentre regentes protectores dispuestos a reprimir al pueblo para defender el capital. Mientras nuestras luchas no golpeen contra la estructura que sostiene a nuestros opresores, no veremos una solución.
Extraído de AGENDA REVOLUCIONARIA.
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