Las instituciones y personas abajo
firmantes, comprometidas con la defensa de los derechos humanos, los recursos
naturales, el medioambiente y la lucha de los sectores populares del país,
manifestamos nuestra preocupación ante los graves hechos suscitados en Mallku
Khota, Potosí, a raíz de la concesión minera otorgada a la empresa canadiense South
American Silver.
Nuestras preocupaciones son las
siguientes:
- Entendemos
que las comunidades potencialmente afectadas por el desarrollo del proyecto
minero en cuestión han manifestado su rechazo al mismo, en el marco del
derecho que les asiste a la defensa de su territorio, a impulsar en él su
propia visión de desarrollo y a preservarlo libre de las secuelas socioambientales
que un emprendimiento a gran escala y en manos de empresas transnacionales
produciría en perjuicio de los pueblos originarios que habitan la zona de
Mallku Khota.
2.
Entendemos que la población
originaria de Mallku Khota, organizada en torno a su autoridad originaria y en
calidad de titular de los territorios comprometidos por la operación de la
transnacional, han manifestado con anterioridad su rechazo al emprendimiento
minero, debido a que la explotación a cielo abierto prevista por la
transnacional South American Silver comprometería de forma irreparable a las
lagunas cuya agua dulce utilizan diariamente para su subsistencia. Daño que
alterará de forma irreversible la gestión de sus territorios y sus actividades
de sobrevivencia. Por ello, nos preocupa que las autoridades competentes no
hayan tomado cartas sobre el asunto de manera oportuna, permitiendo la
generación de la situación altamente conflictiva como la que se vive ahora.
3.
Hacemos un llamado urgente al
Gobierno nacional a asumir el conflicto en su real dimensión y a buscar las
vías de solución, considerando no solo los intereses de la empresa extranjera, favorecida
con la normativa neoliberal promovida en los años 90 por Gonzalo Sánchez de
Lozada, sino además considerando el riesgo inminente que una operación a gran
escala en una zona de alta sensibilidad ecológica implica, ya que las lagunas
de Mallku Khota forman parte importante de la cabecera de la Cuenca Amazónica y
de la Sub Cuenca de Río Grande y su afectación traería implicaciones
desastrosas no solamente sobre la zona cercana y sus comunidades, sino sobre
otros pisos ecológicos que dependen de la protección que se brinde a esa
cabecera de cuenca.
4.
Repudiamos los ataques contra la
integridad física de la autoridad del Kuraca de Marka Sacaca Cancio Rojas y
expresamos nuestra preocupación por las irregularidades en torno a su detención
denunciadas por su abogado, entre ellas la desaparición del detenido desde su
aprehensión en La Paz y su llegada a Potosí, lugar al que fue remitido y al que
no llegó sino después de 19 horas,
durante las cuales no se ha obtenido explicación ni de su paradero ni de
su situación. Más aún, nuestra preocupación se acrecienta al ser informados de que
el caso del señor Cancio Rojas no cuenta con un cuaderno investigativo que
registre el proceso seguido en su contra, hecho que obstaculiza su debida
defensa. De igual manera nos preocupa la acusación hecha al señor Cancio Rojas,
adjudicándole responsabilidad en la retención como rehenes de efectivos
policiales el 5 de mayo pasado, ya que el señor Rojas no se encontraba en
Mallku Khota cuando acontecieron los sucesos que hoy se le imputan.
5.
Recordamos que los conflictos iniciales
del 5 de mayo de 2012 ya fueron objeto de un acuerdo inicial entre autoridades
originarias y gubernamentales, estableciéndose la no penalización de los hechos
de protesta que se generaron en Mallku Khota. La detención de la autoridad
originaria violentaría esos acuerdos y, con ello, se estaría poniendo en riesgo
el arribo a cualquier solución pacífica y dialogada.
6.
Rechazamos los hechos violentos
que se han suscitado en los últimos días y manifestamos nuestra profunda
preocupación ante la reiterada denuncia formulada por las comunidades, en el
sentido de que la empresa South American Silver alentaría al enfrentamiento
entre pobladores. Emplazamos al Gobierno nacional a investigar estas denuncias.
7.
Alertamos sobre las consecuencias
que una militarización de la zona podría acarrear, profundizando la violencia
que ya se ha desatado, y hacemos un llamado al diálogo esperando imparcialidad de
parte del Gobierno nacional para asumir el conflicto y la búsqueda de
soluciones estructurales en el marco de los derechos consagrados en la
Constitución a favor de los pueblos indígenas y el medioambiente. Dentro de
este marco es imperiosa la modificación de la normativa sectorial minera con la
participación de la sociedad y los pueblos indígenas.
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