La Paz/Erbol.-
El Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) revela en su investigación plasmada en el documento Compensación por Servicios Ambientales de Carbono una Alternativa para Reducir la Deforestación en el TIPNIS, que con la ejecución del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, en medio de la zona ecológica, se deforestará el 60 por ciento de la masa boscosa de esa región en un periodo de 20 años. Noelia Garzón, quien fue una de las responsables de la investigación que duró seis meses en 2011, explicó que el trabajo se basó en imágenes satelitales que muestran que la deforestación se concentra en la zona sur del Parque. De acuerdo con esos datos se cree que 600 mil hectáreas de bosques del Isiboro Sécure serán afectados con la ejecución de la vía.
Con este gobierno sólo ganan los capitalistas
CEDLA: El que gana es el capital
Un par de datos: el poder adquisitivo de los salarios en Bolivia apenas mejoró en un 1,6 por ciento en la década pasada; la proporción del ingreso nacional que queda en manos de los trabajadores asalariados disminuye en la década del 36 al 25 por ciento hasta el 2008; mientras tanto, el excedente del que se apropia el capital crece del 49,8 al 55 por ciento.
CEDLA, 26 de marzo de 2012.- Una investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) muestra que la desvalorización de la fuerza de trabajo ha sido una constante en el último cuarto de siglo en el país y se expresa en la persistencia de salarios bajos o insuficientes para asegurar la reproducción física y social de los trabajadores. La política salarial es uno de los factores que inciden en esta tendencia.
En el informe titulado “Más asalariados, menos salario” del CEDLA se señala que la política salarial ha sido de mantenimiento de bajos salarios, aplicada sistemáticamente para mejorar la rentabilidad empresarial y controlar el gasto fiscal. Esta situación afecta a gran parte de los trabajadores, sobre todo a los obreros (industria, minería, construcción, agropecuaria), los trabajadores de los servicios no calificados (comercio, servicios personales diversos) y, a los trabajadores de los servicios estatales (educación y salud).
“En el país, la política salarial no toma como referencia el valor o costo de reproducción de la fuerza laboral. Algunos indicadores permiten ilustrar esta constatación. El 2010, el salario mínimo (SMN) era de 679 Bs, equivalía al 41 por ciento del costo de la canasta normativa alimentaria-CNA (cuyo valor es de 1.670 Bs) y solo al 16 por ciento de la canasta básica familiar (que llega a 4.274 Bs.). Más aún, a pesar de los aumentos nominales al SMN, su poder adquisitivo apenas mejoró en 1,6 por ciento promedio anual en la década pasada”.
Considerando como referente el salario promedio, se advierte en la investigación que también tuvo una reducida variación durante la década, de modo que el 2010, el 61 por ciento de los asalariados tenía un ingreso mensual insuficiente para cubrir al menos el costo de la canasta normativa alimentaria.
En el contexto actual, la desvalorización del trabajo también está asociada con la magnitud que adquiere la fuerza de trabajo excedente, la competencia entre los trabajadores por los escasos puestos disponibles y la amenaza constante del despido, que limitan la capacidad de negociación de los trabajadores. “Con el tiempo, el abaratamiento de los costos salariales con la venia permisiva del Estado, no solo ha permitido al capital contar con mano de obra abundante y dócil, sino ampliar significativamente sus niveles de rentabilidad”, sostiene la investigación.
Así, el resultado de estas políticas públicas se expresa en la mayor desigualdad en el reparto del ingreso disponible entre el trabajo y el capital, entre salarios y ganancias. La proporción del ingreso que queda en manos de los trabajadores asalariados no solo es extremadamente baja sino que disminuye en la década del 36 al 25 por ciento hasta el 2008; mientras tanto, el excedente del que se apropia el capital crece del 49,8 al 55 por ciento (CEDLA, 2009).
En realidad, el capital y el Estado como instrumento al servicio de las clases dominantes, siguen definiendo el precio de la fuerza de trabajo muy por debajo de las necesidades reales, asegurándose un amplio margen de utilidades, sin que las luchas de los trabajadores hubieran logrado una oposición efectiva.
MÁS EXPLOTACIÓN Y PRECARIEDAD
Eliminar o limitar las reivindicaciones laborales, dividir a los trabajadores, conformar una fuerza de trabajo de reserva, extender e intensificar las jornadas de trabajo, continúan siendo los principales instrumentos de control de la clase trabajadora, a favor de la reproducción ampliada del capital.
Puede decirse que en el país la mayor parte de los trabajadores sigue expuesto a la aplicación de políticas de libre contratación y flexibilización laboral, en un contexto en el que, paradójicamente, se han promulgado disposiciones que ratifican la vigencia de la legislación laboral.
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