TIPNIS: “Estamos decididos a defendernos”

 

La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) definirá hoy el lugar de partida de la Novena Marcha Indígena, que comenzará el próximo 20 de abril y exigirá al Gobierno nacional respeto por los derechos individuales y colectivos vigentes en la Constitución. Reunidos en la tercera Comisión Nacional de este año, representantes de los pueblos de todo el país reafirmaron su compromiso de movilizarse en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), por donde el presidente Evo Morales pretende hacer pasar una carretera, en clara vulneración a sus compromisos verbales, así como decenas de garantías constitucionales de las y los bolivianos.

En el encuentro, los habitantes del TIPNIS informaron sobre la última estrategia del Gobierno para desbaratar al movimiento indígena. Luego de que más de 40 corregidores de este territorio decidieran ir a la marcha, los funcionarios de Morales se dedicaron en estas comunidades a preparar golpes de estado a escala. En Totora, una comunidad de la Subcentral Sécure, comenzará hoy un encuentro de ocho “corregidores”, patrocinado por el Órgano Ejecutivo, para desconocer las resoluciones del 30º Encuentro de Corregidores y, descaradamente, convocar al redil del “proceso de cambio” dirigido por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Luego de haber desarrollado el 30º Encuentro de Corregidores en Gundonovia, el Gobierno se ha empeñado en defenestrar a nuestras organizaciones, a hacer organizaciones paralelas, para poder tener la autorización de construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. En las comunidades del río Sécure, por encima de nuestras autoridades se han entrado los del Gobierno. Están entrando por aire y agua, queriendo convencer a otros corregidores para cambiar a nuestras autoridades legítimas. Quieren hacer una nueva directiva que les dé pues el permiso para hacer la carretera, quieren una subcentral que esté al servicio del Gobierno”, dijo Youci Fabricano, de la comunidad Puerto San Lorenzo.

“En las comunidades de nuestra organización nunca se ha visto que hagan un evento de esta magnitud. Nos han informado que a Totora han llevado cantidad de víveres y combustibles con qué facilidad. Cuando nosotros hicimos nuestro encuentro sufríamos por la logística, pero fue donde más de 40 corregidores estuvieron presentes. Y allá, que son ocho comunidades, tienen de todo y en abundancia: esta es la mano del Gobierno, su plan del Gobierno, manejado por su poder. Pero nosotros no lo vamos a permitir. Hemos venido acá para asentar esta denuncia y para que todo el país lo sepa, lo conozca toda la población y esté enterada de lo que está pasando allá en el TIPNIS”, dijo Fabricano, del pueblo Mojeño.

Para él, como para la mayoría de los habitantes del TIPNIS, una preocupación muy grande radica en la invasión permanente de colonos, quienes suelen dañar las tierras y contaminar las aguas con algunas de sus producciones. “Es bien triste la realidad del Polígono 7. Se ve cómo las aguas del río Isiboro están totalmente contaminadas, muertas. Allá la naturaleza es tan diferente. Es una zona bien explotada, se nota el cambio radical en comparación con la naturaleza que tenemos todavía gracias a Dios en el sector del río Sécure. Allá en la zona sur no se ve una naturaleza tranquila, se ve una naturaleza cansada. Las tierras ya están, como se dice, degradadas, devastadas. Por eso, el Gobierno ya se ha comprometido a darles las tierras del TIPNIS a los colonizadores. La principal actividad en el Polígono 7 es la siembra de coca y la fabricación de la droga. Y para estos hermanos del CONISUR (Consejo Indígena del Sur, aliada al MAS) su actividad es esa. Ellos son los peones, los mozos de los colonizadores. Y nosotros de eso nunca queremos estar, no queremos estar de mendigos el día de mañana. Por eso nosotros vamos a defender a nuestra organización, a nuestro pueblo, a nuestros hijos, a nuestras comunidades. Le digo que estamos decididos a defendernos, aunque somos gente pacífica, pero estamos decididos a defendernos”, aseguró Fabricano.

Según el Gobierno nacional, con su Ley 222 (de Consulta posterior y solo al TIPNIS) preguntará también a 13 comunidades del Polígono 7 si quieren la carretera o no. Para las subcentrales, con esta medida injusta el presidente Morales piensa en asegurar el resultado –por el sí. “Hemos dicho que en el Polígono 7 no tienen que responder por nuestro territorio, porque allá esas tierras están parceladas, con títulos individuales entregados por el mismo Presidente ¿Qué razón hay para que ellos decidan si ya no pertenecen al Territorio Comunitario de Origen (TCO), nuestro territorio? No les corresponde ya decir palabra”, dijo Fabricano.

La selva verdeolivo

En la tercera Comisión Nacional, realizada en la sede de la CIDOB, se presentó un informe sobre el 30º Encuentro de Corregidores. Tomás Candia, del pueblo Chiquitano, comentó sus impresiones del territorio. “Otra cosa es verlos allá a los hermanos, adentro. Es verdad que hay mucha amenaza, es verdad que el TIPNIS está militarizado. Cuando hemos vuelto (de la comunidad Gundonovia hacia Trinidad) hemos encontrado a dos pirañas (botes de la Armada boliviana) lleningas de militares y con ametralladoras. Creemos nosotros que ahí no son las fronteras, ellos deberían estar en las fronteras cuidando, pero ahora los hemos visto con ametralladoras ¿para qué si no estamos en guerra? Es lamentable ver esa situación de los hermanos que viven en el TIPNIS”.

Candia, secretario de Juventud de la CIDOB, opinó que “debemos unirnos para defender el territorio, porque de repente hoy es el TIPNIS, mañana será mi territorio, otros territorios. Allí se ha visto la realidad y se ha visto la unidad que tienen los corregidores dentro del TIPNIS. No es como se dice, que han sido unos cuantos: han estado los corregidores y han manifestado que sí van a defender su territorio. Resultado de este encuentro, el Gobierno ha organizado otro encuentro de corregidores. Este Gobierno está jugando con nosotros: primero hacemos una marcha y luego nos hacen una contramarcha; hacemos un encuentro de corregidores y ahora hacen el de ellos. No sé hasta dónde van a llegar. Incluso en nuestras organizaciones están entrando para dividir a las diferentes regionales”, dijo el chiquitano.

En una charla con la profusión de prensa en la Casa Grande del barrio San Juan, Adolfo Chávez, presidente de la CIDOB, mostró la lista de asistencia. “Hay 11 presidentes de las regionales en sala, con sus respectivos delegados. También están los hermanos del CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu), la CNAMIB (Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia), los hermanos del TIPNIS. Ausente eventualmente está la CPESC (la Coordinadora de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz, una de las 12 regionales), los demás están todos presentes. No hay justificación todavía de la regional CPESC”.

Ayer, en la tercera comisión discutieron también sobre una propuesta de boleta censal. Hoy, se elaborará la plataforma de demandas de la Novena Marcha Indígena y se definirá su punto de partida, entre otros detalles.

Durante la Octava Marcha Indígena, los personeros del Gobierno nacional decían constantemente que estaban abiertos al diálogo con los movilizados, pero cuando se llegaban a sentar para negociar concretamente, decían que la decisión del Presidente era construir la carretera sí o sí y a los indígenas sólo les competía adaptarse a la idea. De esta manera lograron retrasar a la marcha por días y semanas. Ahora, cuando el Gobierno nacional implementa una campaña agresiva dentro del TIPNIS a favor de la carretera, cuando no quedan dudas de que a la Consulta según la Ley 222 le faltaría “buena fe”, algunos funcionarios salen con el mismo verso. Tal como se los recomendó la representación local de las Naciones Unidas.

“Para hablar de diálogo, tendríamos que ver cuán abierta es la voluntad. Porque si hay una voluntad abierta del Gobierno y del propio Presidente, entonces nos tendría que llegar antes del inicio de la marcha la notificación de la anulación de la Ley 222”, dijo Chávez, del pueblo Tacana.

El CONAMAQ y la CIDOB son las organizaciones matrices que representan juntas a todos los pueblos indígenas de Bolivia. Presentes en la Comisión Nacional, los mallkus delegados sostuvieron que otra vez marcharán. Sólo que en el CONAMAQ, integrada por los pueblos Quechua y Aymara, piensan hacer una movilización por los Andes, como una segunda columna de una misma marcha, para la cual también tendrán sus demandas.

“Con la licencia de la Pacha, hermanos de la CIDOB, con mucha satisfacción les decimos que nosotros en CONAMAQ hemos recibido en el corazón la decisión que han tomado, porque ya es hora de que nosotros demostremos que los pueblos indígena originarios tenemos autodeterminación y autogobierno. CONAMAQ está presente aquí no solo para apoyar, sino para ensanchar, agrandar la plataforma de lucha, para construir este verdadero proceso de cambio, definido por los pueblos indígena originarios de Bolivia hace ya más de una década. Todavía nos falta mucho para llegar, en eso nos estamos trabando, porque el Gobierno ha entendido de otra manera al Estado Plurinacional. No nos ha respetado, como marca la Constitución Política del Estado. Ahora nos toca otra etapa más para construir este país plurinacional, juntamente con todos los bolivianos. Como CONAMAQ vamos a estar junto a la CIDOB para dialogar y desarrollar los temas de la plataforma de nosotros. En algunos grandes temas de la plataforma coincidimos, en eso tenemos que trabajar”, dijo tata Froilán Poma, arquiri apu mallku del CONAMAQ.

Ayer se cumplieron seis meses desde la represión gubernamental a la Octava Marcha Indígena, cerca de Yucumo, el 25 de septiembre de 2011. Por este episodio no avanza la causa judicial, pero sí por un supuesto “intento de homicidio” que las y los marchistas habrían perpetrado contra el canciller David Choquehuanca el día anterior, el 24.

“Es una pena que en Bolivia la justicia sea manejada por el Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo no interviniera, creo que esto ya habría avanzado. Sin embargo -y esto el pueblo boliviano lo sabe- cuando se posesionó a los magistrados, ese mismo día se apartó de la investigación al Presidente y al Vicepresidente (Álvaro García Linera), toda vez que el Vicepresidente dijo que ellos saben quiénes son los responsables (de la represión del 25 de septiembre) pero dejaban que la justicia lo investigue e identifique. Al apartarlo al Vicepresidente de la investigación, el propio Fiscal General del Estado, Mario Uribe, ha obstaculizado la investigación. Y creo que uno de los temas más importantes en la justicia es no obstaculizar ninguna investigación. Es una lástima la justicia en nuestro país. No se toman las acciones correspondientes y, más al contrario, ellos se vuelcan las acciones, acusando a diferentes dirigentes de un supuesto intento de asesinato. Aquí vemos que ni la propia Fiscalía tiene clara la figura, porque no está obedeciendo a lo que dice la ley, sino que obedece al Poder Ejecutivo”, dijo Fernando Vargas Mosúa, presidente de la Subcentral TIPNIS.

Para el dirigente mojeño, el sinfín de ataques del Gobierno nacional a los indígenas obedece a que “está desesperado porque no puede frenar a la novena marcha. Ahora está llevando adelante un encuentro de dizque corregidores en la zona del Sécure con ocho comunidades ¿Y quién convoca? Creo que se ha terminado de hacer un encuentro de corregidores convocado por la titular del derecho del TIPNIS, que es la Subcentral TIPNIS. En esa oportunidad, para contrarrestarnos, el Gobierno entregó un stock de motores para embarcaciones en la comunidad de Oromono, como una señal de que el Gobierno tampoco está de acuerdo con la carretera. Por eso ha dado motores a las comunidades, para que ellos continúen usando la carretera que siempre han utilizado, los ríos. Esto demuestra claramente que el Gobierno no sabe qué hacer, está totalmente desesperado, loco está ya este Gobierno. Me parece que ya ha perdido el sentido común. Sigue desconociendo los derechos de los pueblos indígenas y el principio de cumplimiento de la norma, además de la Ley 180, que claramente especifica que la carretera no atravesará el TIPNIS, como cualquier otro proyecto. Ahí vemos una flagrante violación a la propia Constitución y convenios internacionales. Todo el Poder Ejecutivo está traumado. Como ahora la justicia resuelve casos consultando a las hojas de coca, el Gobierno también debería hacerse leer con la coca para que le compongan la cabeza”, dijo Vargas.

(Comisión de Comunicación de la Novena Marcha Indígena)