Cerca de la novena marcha

Cerca de la novena marcha

La Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) realizará su segunda Comisión Nacional de 2012 en la ciudad de Trinidad, los próximos 11 y 12 de marzo. Allí, las 13 regionales de la matriz indígena de tierras bajas evaluarán las acciones a tomar para defender sus derechos y territorios, a solo cinco meses de llegada la Octava Marcha Indígena a la ciudad de La Paz. En esa ocasión, el gobierno del presidente Evo Morales había hecho creer a la población boliviana que abandonaría su intención de construir una carretera por medio del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Ahora, con una ley de Consulta chuta y posterior (la 222), el oficialismo avanza en su misión de echar asfalto sobre las tierras de los pueblos Mojeño, Chimán y Yuracaré, para beneficiar a petroleras, madereras, cocaleros y empresas chilenas y brasileñas, entre otros. Para lograrlo, funcionarios del Movimiento Al Socialismo (MAS), acompañados de militares, quieren llevar “regalos” a las familias del TIPNIS para comprar sus conciencias y obtener el permiso de ejecución de la obra, ante la resistencia de la mayoría de las 64 comunidades indígenas del lugar.

Luego de esta reunión, delegados de varias organizaciones irán en bote hasta la comunidad Gundonovia, del TIPNIS, para participar del encuentro de corregidores de las 64 comunidades, a efectuarse del 15 al 17 de marzo. Allí podría definirse la fecha de inicio de la novena marcha.

180 menos 222

En el hotel San Bernardo, de Trinidad, la CIDOB estará acompañada del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), tal como sucedió durante los 65 días que duró la Octava Marcha Indígena, entre agosto y octubre de 2011. También participarían la Central Obrera Departamental (COD) de Beni y la Central Obrera Boliviana (COB), además de otras organizaciones urbanas aliadas a los 36 pueblos indígenas del país, reunidos en las dos matrices de tierras altas y bajas.

“Hay dos leyes que el presidente Morales ha aprobado y que él mismo ha promulgado: la 180 y la 222. La 180 había sido consolidada por la Octava Marcha Indígena, del año pasado. La 222 ha sido consolidada por el sector colonizador, al que pertenece el presidente”, dijo Samuel Pérez Ichu, secretario de Recursos Naturales de la Central de los Pueblos Étnicos Mojeños de Beni (CPEMB). Lo dice porque Morales es además presidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, que aglutina a campesinos y colonizadores con harta presencia en la zona del TIPNIS.

“El presidente quiere anular la ley 180 con la ley 222, lo hemos visto en los articulados de esta última normativa. Morales dice en sus discursos nacionales e internacionales que esta ley está enmarcada en la Constitución Política del Estado. Pero no es así. En la Constitución está la Consulta previa, pero esta ley 222 no entra en ese marco legal. Si ya hay trabajos iniciados dentro del territorio, no se puede hablar de una Consulta previa. Incluso hay contratos firmados con la empresa brasileña OAS”, evidenció el mojeño trinitario.

“Para iniciar una Consulta previa, libre e informada se debe llevar todo el proyecto carretero a foja cero, se debe empezar de nuevo. Se deben anular los contratos con las empresas, los créditos con Brasil y las leyes que los avalan. Si no, la ley 222 es claramente inconstitucional”, dijo Pérez Ichu.

La Octava Marcha Indígena llegó a La Paz el 19 de octubre de 2011, luego de más de dos meses de ataques permanentes del Gobierno a las organizaciones indígenas, más el montaje de mentiras para desacreditar a los líderes de esta movilización. También está la inolvidable represión a las familias marchistas el 25 de septiembre de 2011 en Chaparina, a pasos de Yucumo. Este episodio triste de la historia reciente parece haber pasado de largo para fiscales y jueces seleccionados por parlamentarios del MAS. En cambio, pretenden encerrar en la cárcel a una treintena de marchistas por el supuesto “secuestro” del canciller David Choquehuanca y las “lesiones” que le habrían ocasionado el 24 de septiembre, cerca del bloqueo que policías y cocaleros amigos de Morales habían hecho en Yucumo, Beni, para evitar el avance de la movilización indígena hacia La Paz.

El Gobierno nacional mantiene desde hace meses una millonaria campaña de hostigamiento contra las organizaciones indígenas. En estos días, intenta ingresar al TIPNIS con prebendas para comprar las voluntades de quienes viven allí. Según la CPEMB, las incursiones militares-masistas tienen una segunda intención: detener en las comunidades a varios líderes indígenas con la excusa de un irrisorio “intento de homicidio” al canciller que en escenarios internacionales patrocina el consumo de la papalisa en vez de Viagra.

“El Gobierno está metiendo leña. Ayer escuchaba en un medio de Trinidad que están enviando barcos-hospitales a las comunidades de TIPNIS, que nunca habían recibido atención del Estado. Pero sabemos que son las estrategias que siempre el Gobierno ha utilizado. Quieren convencer a nuestros hermanos de que digan ‘sí’ a la Consulta posterior e inconstitucional, o ‘sí’ a la carretera –dijo el dirigente de la CPEMB-. Nosotros no estamos en contra de la carretera: estamos en contra de esa carretera divida al TIPNIS. Si el Gobierno determina hacer por cualquier otro lado la carretera, no nos oponemos nosotros los indígenas”.

Los empleados del MAS llevan antenas parabólicas, teléfonos públicos, médicos y otros supuestos beneficios de la modernidad, a los que accederían los indígenas si permitieran la mutilación de su territorio con una carretera. Pero las organizaciones indígenas ya saben que un camino asfaltado no es garantía de bienestar. Lo pueden ver todos los días en ciudades como Trinidad, u otras poblaciones empobrecidas, relegadas y olvidadas por el Estado, a pesar de que tienen cerca una ruta gris.

“Las decisión de nosotros es no dejarlos pasar. Ya nomás, los militares que han entrado por la parte de Cochabamba han sido parados en la comunidad San Ramoncito. Nos han informado los hermanos que hasta allá han llegado los militares y los han hecho volver para atrás. Ahora queremos hacer público que quieren llevar al TIPNIS la persecución política que hace el Gobierno a nuestros dirigentes. Hablo, entre otros, del caso de Fernando Vargas, presidente del TIPNIS. Sabemos extraoficialmente que estas comisiones del Gobierno tienen el objetivo de capturarlo al hermano, quien está entre los demandados por la Fiscalía en el supuesto secuestro al canciller Choquehuanca”, dijo Pérez Ichu.

“Si le pasa algo a nuestro hermano Vargas, toda la responsabilidad se la damos al Gobierno nacional, a la cabeza de don Evo Morales Ayma. Pero la represión del 25 de septiembre de 2011 también está en la cabeza de Evo Morales. Ya pedimos nosotros en varias resoluciones que se esclarezcan estos hechos, pero están más motivados en seguir con la demanda de supuesto secuestro del Canciller”, consideró el dirigente mojeño.

Para la Comisión Nacional del 11 y 12 de marzo, la CIDOB había enviado una invitación al presidente Morales, pero sus funcionarios adujeron que el líder aymara estaría en esas fechas en Viena, Austria, para fomentar el mascado de hojas de coca en una reunión de las Naciones Unidas. Las organizaciones indígenas quieren que esté en el encuentro de corregidores de Gundonovia, comunidad que está a dos días de Trinidad.

“Lo invitamos al Presidente porque con él se han firmado los acuerdos de la octava marcha. Si él dice que no va, nosotros ya hemos cumplido con la parte nuestra. Queremos llegar a un diálogo, a un acuerdo. Pero si el Gobierno no se sienta a dialogar con nosotros, la Novena Marcha Indígena va a ser un hecho”, dijo Pérez Ichu.

En una resolución del 25 de febrero último, la CPEMB determinó que se realizará la novena marcha. Sólo falta establecer el recorrido y la fecha de comienzo.

El precio de las mentiras

Las organizaciones indígenas están preocupadas por la desmedida campaña de comunicación implementada por el MAS. En medios radiales y televisivos el oficialismo tiene comprados amplios espacios para difundir spots contra los indígenas y a favor de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. En sus espacios –adquiridos con dinero del pueblo boliviano- el Gobierno busca que el público se posicione contra las organizaciones indígenas que piden respeto a sus derechos. “Por varios pueblos, como San Ignacio de Moxos, no podemos transitar por las calles porque siempre nos mandan a algún borracho para pegarnos”, comentó el mojeño trinitario.

Los spots gubernamentales aseguran que la ley 222 es consecuente con la Constitución, con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de los Derechos Indígenas de las Naciones Unidas. Pero a la ley 180 no la mencionan, como si nunca hubiera existido. Esta semana, desde la oficina local de las Naciones Unidas solicitaron al Gobierno nacional que en su campaña pro-carretera dejen de mentir que las Naciones Unidas está a favor del cumplimiento de esta normativa.

“Necesitamos apoyo en las cuestiones de comunicación, porque hay medios que muestran todo a favor del Gobierno, pero no muestran los problemas que realmente encaramos los pueblos indígenas”, dijo el líder de la CPEMB. Según un estudio del Colectivo Somos Sur, el Órgano Ejecutivo gasta 50 mil dólares por día para llenar oídos y ojos de la población con propaganda falsa, dirigida a imponer la carretera de Morales. En un mes que lleva promulgada la ley 222, se calcula que el Gobierno ya ha despilfarrado 1.500.000 de dólares provenientes de los bolsillos y carteras del pueblo boliviano.

(Reporte del Encuentro de CIDOB y CONAMAQ del 7 y 8 de marzo)